Wednesday, August 30, 2006

Y ahora... la transición

Javier Treviño Cantú
El Norte
30 de agosto de 2006

Cuando el proceso electoral está a punto de llegar a su fin, entramos a una nueva etapa del calendario político: tres largos meses de transición. Si en condiciones "normales" el traslape entre las agendas y los intereses de los actores que están por despedirse y los que vienen llegando puede causar problemas, imagínese una transición en un contexto "atípico". Seguramente los riesgos se multiplicarán.

En los años previos a la alternancia política, la transición era vista casi como un mero trámite. Entrantes y salientes eran del mismo partido; se suponía que, por esa razón, se conocían y compartían puntos de vista similares. Lamentablemente, episodios que todavía se discuten, como la naturaleza y los responsables del "error de diciembre" en 1994, muestran que este supuesto tenía límites muy costosos para el país.

En el 2000, el proceso fue tan suave que reforzó la idea de que habíamos pasado por una "transición de terciopelo". El gobierno le dio todas las facilidades al equipo que llegaba para conocer a fondo la estructura de la administración pública federal. La oposición demostró lealtad institucional, lo cual ayudó a que el Congreso aprobara sin mayores dificultades el presupuesto para el siguiente año, mientras que el "blindaje" de la economía evitó que ocurriera otra de las famosas crisis de fin de sexenio.

Además, el llamado "bono democrático" y la coincidencia del relevo presidencial en Estados Unidos generaron un ambiente en el exterior favorable para el entonces Presidente electo. Esto fue clave para alcanzar dos de los principales avances en la relación con los vecinos del norte: primero, suspender el proceso de "certificación" sobre la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, y luego darle prioridad al asunto migratorio.

Ahora la situación puede ser diferente. Partiendo del supuesto que el Tribunal Electoral declare la validez de la elección y que Felipe Calderón sea reconocido como Presidente electo, el próximo mandatario va a enfrentar un panorama muy distinto al de hace seis años.

Por una parte, tendrá algunas ventajas. La actual administración es de su mismo partido y varios de los integrantes del gobierno estuvieron en el equipo de campaña, por lo que cabría esperar una buena coordinación en la entrega-recepción de la administración. Igualmente, el impacto de la Ley del Servicio Civil de Carrera se dejará sentir, ya que la mayoría de las dependencias públicas se poblaron de funcionarios aparentemente identificados con el PAN.

En el mismo sentido, la buena conducción macroeconómica permite prever un cierre de sexenio sin sobresaltos financieros, y ahora también existe una partida presupuestal destinada a los gastos de la transición.

Pero, por otra parte, el grupo que tomará las riendas a partir del 1 de diciembre va a enfrentar condiciones inéditas, de una complejidad tal que pondrán a prueba todo su talento político y su capacidad de asegurar la gobernabilidad del país.

Ante todo, tendrá que definir cómo va a actuar frente al movimiento social derivado de la derrota que sufrió en las urnas la Coalición por el Bien de Todos. Aunque el gobierno del Presidente Fox deberá cargar con la responsabilidad durante los próximos meses, el Presidente electo y su equipo deben empezar a tomar el mando.

El reto inicial será la relación con el Congreso, en donde tendrán que trabajar de inmediato con las bancadas de su propio partido para definir las reformas que se impulsarán y buscar acuerdos con los demás grupos parlamentarios. Dejar fuera de las negociaciones al PRD podría ser un grave error, pero convencerlo de que participe constructivamente en la renovación institucional del país puede acabar siendo imposible.

Además, en el plano interno, el equipo de transición del Presidente electo deberá desenvolverse en un escenario convulso, marcado por la crisis de Oaxaca, la violencia que provocan las luchas intestinas del narco, el problema con el sindicato minero y otros pendientes políticos de pronóstico reservado.

Por si fuera poco, se va a encontrar con un gobierno en Estados Unidos con el que puede ser muy difícil negociar. A pesar del presunto compromiso de Calderón con los objetivos y mecanismos de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), no parece que el Presidente Bush estará en condiciones de ofrecerle nada sustantivo a cambio. Inclusive, si los demócratas ganan el control de la Cámara de Representantes en noviembre próximo, la atención hacia México seguramente no pasará de los esfuerzos para tratar de controlar la frontera compartida.

Recuerdo uno de mis cursos en Harvard, cuando el profesor Richard Neustadt nos decía que uno de los riesgos más graves en las transiciones presidenciales aparecía cuando se combinaban tres elementos: novatez, ignorancia y arrogancia. En 1960, Neustadt escribió un memorándum para el Presidente electo Kennedy con 18 puntos a considerar durante la transición. Pero todas las recomendaciones venían después del primer objetivo central: concentrarse en los aspectos que le permitieran demostrar una eficacia de gobierno inmediata. Ante el panorama que estamos viviendo en México, esto es precisamente lo que más esperamos de la próxima administración.

Wednesday, August 16, 2006

Energía a la transición

Javier Treviño Cantú
El Norte
16 de agosto de 2006

De nueva cuenta, la situación política por la que atraviesa nuestro país puede ir a contracorriente de una coyuntura global inmejorable para hacer cambios de fondo, que eleven nuestra competitividad y promuevan un crecimiento económico sostenible.

Tanto en el plano interno como a nivel internacional, se han sumado una serie de factores que hoy generan condiciones muy favorables para llevar a cabo, antes de que termine el año, uno de los ajustes estructurales que más se necesitan: la reforma energética.

En México, la situación es de sobra conocida. Por una parte, existe cierta coincidencia en que se requiere algún tipo de reforma por la situación en que se encuentra Pemex: una compañía endeudada al máximo, sin capacidad de invertir en proyectos de exploración a gran escala y sin la tecnología o el conocimiento necesarios para explotar los yacimientos más prometedores, ya sea en las aguas profundas del Golfo de México o en zonas como Chicontepec, al norte de Veracruz y Puebla.

Por otra parte, tres obstáculos dificultan cualquier avance. Uno es la naturaleza histórica del tema, que le permite envolverse en la bandera nacionalista a todo aquel opuesto al cambio. Otro es la falta de claridad sobre qué clase de reforma convendría realizar, ya que todas las iniciativas propuestas durante la actual administración fracasaron. Y, el más grave, es el clima de confrontación política que nos ha dejado la elección presidencial.Lo que no se está considerando, otra vez, es que mientras nosotros seguimos perdiendo el tiempo, la situación global de la industria energética, y en particular la petrolera, está cambiando a marchas forzadas por varias razones. Entre otras, destacan cuatro:

1. La creciente inestabilidad en el Medio Oriente, por las consecuencias de los atentados terroristas del 2001, y en muchos otros países productores considerados como "conflictivos", desde Rusia y Nigeria, hasta Venezuela y Bolivia.

2. El replanteamiento del concepto de "seguridad energética", que antes se limitaba a mantener despejadas las rutas marítimas de abasto y ahora significa algo distinto para cada país. En el caso de nuestros vecinos del norte, como ha señalado el especialista Daniel Yergin, implica dos cosas: compensar cualquier desabasto del Medio Oriente o de países "conflictivos" con otras fuentes -entre las que México ocupa un lugar destacado-, y alcanzar la vieja meta de ser "energéticamente independientes".

3. El agotamiento paulatino de yacimientos de crudo ligero, de alta calidad y fácil acceso. Ahora, las inversiones se están dirigiendo hacia proyectos complejos y, por lo mismo, mucho más costosos, como recuperar el petróleo mezclado con arena y otros materiales en sitios como la provincia de Alberta, en Canadá.

4. El aumento exponencial de la demanda energética en países que están en proceso de crecimiento acelerado, en especial China y la India, junto con un consumo muy elevado e ineficiente por parte de las economías desarrolladas, en especial Estados Unidos.

A su vez, estos factores de cambio han tenido dos efectos. El primero ha sido un aumento sostenido de los precios, los cuales se han triplicado en los últimos cuatro años. A pesar de que esto ha tenido un beneficio inmediato para México, el segundo efecto es potencialmente mucho más importante. Se trata de la gran capacidad de negociación que han ganado las principales compañías petroleras nacionales frente a las firmas privadas multinacionales.

Se considera que un 90 por ciento de las reservas "convencionales" de petróleo que aún no han sido explotadas son controladas por gobiernos o compañías gubernamentales. Muchas sufren viejas dolencias que nosotros conocemos bien: mala planeación, corrupción, regímenes fiscales que las descapitalizan, esquemas de subsidios que les restan recursos y otros padecimientos.

Pero varias de ellas han demostrado tener la capacidad de competir con las mejores del mundo. Según el semanario The Economist, compañías como Petrobras de Brasil o Petronas de Malasia, deben concursar al lado de otras empresas internacionales por contratos en sus propios países, mantener un estricto control sobre sus costos y actualizar constantemente sus métodos de operación.

No debemos olvidar que los grandes cambios estructurales en México casi siempre han estado aparejados a crisis intensas, que han forzado la toma de decisiones en un sentido o en otro. Por ello, la crisis política de hoy podría ser transformada rápidamente en una gran oportunidad. Pero para ello se requiere voluntad, precisión y un sentido de urgencia.

El inicio de sesiones del nuevo Congreso abre una puerta para reorientar la discusión sobre la reforma energética. Parecería impensable, pero es posible. El Presidente electo y su equipo tendrían que asumir el liderazgo para impulsar, junto con el gobierno saliente, una negociación política eficaz que en tres meses pavimente el camino hacia el 1 de diciembre con certeza, confianza y optimismo sobre el futuro de nuestro país.

Los mexicanos nos merecemos una transición presidencial con visión, en donde se mezclen inteligencia, audacia, mucho sentido común y una renovada capacidad ejecutiva. Una reforma de esta magnitud es lo que podría darle energía a la transición.

Wednesday, August 02, 2006

Acuerdo migratorio regional

Javier Treviño Cantú
El Norte
2 de agosto de 2006

El verano político no sólo está alcanzando temperaturas récord en México. Al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, el debate sobre la reforma migratoria también se está poniendo al rojo vivo. El tema se ha politizado al máximo ante las próximas elecciones legislativas de noviembre y, aunque todas las fuerzas políticas enfrentan grandes presiones para sacar adelante algún tipo de compromiso, parece difícil que el asunto se resuelva este año.

Contra viento y marea, el Presidente George W. Bush ha seguido reafirmando su voluntad de alcanzar una reforma migratoria integral, que incluya un programa de trabajadores temporales y un mecanismo viable para regularizar la situación de los millones de inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en el vecino país.

Pero el Presidente Bush, al igual que el resto de la clase política estadounidense, sabe que cualquier solución pasa necesariamente por un mayor control sobre la frontera que comparte con nuestro país. Por ello, desde noviembre del año pasado, cuando el Secretario de Seguridad Territorial, Michael Chertoff, anunció la "Iniciativa Frontera Segura", se han puesto en práctica medidas sistemáticas para reforzar la seguridad de la franja fronteriza con México.

Primero fueron los planes para ampliar las filas de la Patrulla Fronteriza. Luego se recurrió a la Guardia Nacional para apoyar a las fuerzas civiles del orden. Al mismo tiempo se procedió a licitar el diseño, aplicación y mantenimiento de una "barda virtual" a lo largo de prácticamente toda la frontera, la cual será responsabilidad de las compañías privadas que obtengan el jugoso contrato.

Además, el gobierno del Presidente Bush también ha estado ejerciendo una gran presión sobre las compañías que contratan inmigrantes en situación "irregular". Según el diario New York Times, mientras que en el 2002 el gobierno de Estados Unidos presentó 25 cargos penales contra empleadores, este año ya ha iniciado 445 procesos legales.

Esto representa una apuesta de alto riesgo para el mandatario. Si bien es indispensable para encontrar una solución integral, puede restarle puntos al Partido Republicano en dos frentes: entre los múltiples sectores empresariales que dependen de la barata mano de obra inmigrante y entre una comunidad "hispana" que ha ganado confianza con las marchas multitudinarias y que probablemente votará a favor del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre.

Sin embargo, el sector donde el Presidente Bush tiene hoy más dificultades para impulsar su reforma migratoria, es entre los Republicanos de la Cámara de Representantes. La pérdida de capital político que ha sufrido por la guerra en Iraq y la interminable lista de controversias en las que se ha visto envuelta su administración parecen haberle restado capacidad de influencia con los legisladores de su mismo partido.

A finales de junio, en un picnic celebrado en los jardines de la Casa Blanca, el líder de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, declaró que los Republicanos primero llevarían a cabo una serie de "audiencias públicas" por todo el país, antes de dialogar con sus contrapartes del Senado para buscar un acuerdo entre las dos iniciativas de ley aprobadas hasta ahora.

Hace unos días se anunció que van a realizar otras 21 audiencias durante el receso legislativo de agosto. Considerando que sólo quedarían dos meses entre la fecha en que el Congreso reanuda funciones y las elecciones de noviembre, parecería casi imposible que las dos cámaras pudieran solucionar sus profundas diferencias.

Aun así, no todas las noticias que llegan del Capitolio en Washington son malas. De hecho, una en particular puede representar una nueva "ventana de oportunidad" para establecer un acuerdo migratorio entre Estados Unidos, México y algunos países más.

A mediados de la semana pasada, la Senadora por Texas Kay Bailey Hutchison y el Representante Mike Pence de Indiana -ambos Republicanos- presentaron una nueva propuesta para reconciliar los enfoques migratorios de la Cámara y el Senado. Por supuesto, la iniciativa parte de un mayor control fronterizo. Ninguna ley se modificaría hasta que se "certifique" que las fronteras de Estados Unidos son completamente "seguras". Se calcula que eso podría llevarse dos años -es decir, el resto del mandato del Presidente Bush- y después los trabajadores migratorios tendrían que regresar a sus países de origen para obtener una nueva visa renovable hasta por 12 años.

La clave de la propuesta Hutchison-Pence es que estas visas solamente estarían disponibles para los ciudadanos de aquellos países en América del Norte y América Central con los que Estados Unidos tenga tratados o acuerdos de libre comercio. En este marco, el gran ganador de un acuerdo migratorio regional, indudablemente, sería México.

El nuevo gobierno que habrá de iniciar su gestión en México, a partir del 1 de diciembre, no debe perder de vista que el futuro de cualquier arreglo migratorio con Estados Unidos depende de la capacidad para establecer un entorno seguro en nuestras propias fronteras norte y sur. Para tener flujos migratorios bien regulados, lo primero es lo primero, y eso significa avanzar en el establecimiento de un perímetro de seguridad regional, que abarque desde Alaska y Canadá en el norte, hasta Panamá y Colombia en el sur.